La decisión del astillero español de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas generó repercusiones políticas.
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La decisión del astillero español de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas generó repercusiones políticas.
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